El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también ha declarado que el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales en Colombia se ha cuadruplicado en cinco años y la violencia está poniendo en peligro la vida de decenas de miles de pequeñas víctimas. Mientras que en 2020 la ONU verificó 116 casos de reclutamiento, en 2024 registró 453.
Sin embargo, un informe del International Crisis Group considera probable que la cifra sea mucho mayor, ya que las familias raramente denuncian las desapariciones de sus hijos por temor a represalias de los grupos armados. «Es difícil conocer la verdadera magnitud de esta práctica, que es considerada un crimen de guerra y susceptible de ser investigada por la Corte Penal Internacional», se afirma en dicho informe.
El informe recuerda que la policía colombiana estima que más de la mitad de los nuevos reclutas de los grupos armados ilegales son menores y que los datos del Ministerio de Defensa indican que las filas de estos grupos aumentaron en aproximadamente 3300 personas entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Es probable que haya más de 1000 niños combatientes en el país.
Para los grupos armados ilegales, «los menores se han convertido en combatientes baratos y prescindibles, que pueden desempeñar las funciones más peligrosas, ya sea en la primera línea de combate o en la producción y distribución de artefactos explosivos. Son soldados rasos en las campañas de expansión y carne de cañón en las luchas con sus rivales. Los jóvenes son inicialmente incorporados a las redes criminales haciendo recados o montando guardia; también son explotados sexualmente por los miembros de los grupos», se añade en el informe.
El informe también refiere como meses antes de ser asesinado en marzo de 2025 por rescatar niños reclutados, un líder indígena del Cauca había declarado que «cada niño tiene un valor, según sus características». Los precios varían entre unos 135 y unos 540 dólares, dependiendo de lo que los grupos consideren valioso. En algunos casos, los niños son trasladados a nuevos territorios para dificultar su localización y reforzar las filas de los grupos en zonas donde intentan expandirse. Este fenómeno quedó expuesto con la muerte de 15 menores en bombardeos contra el Estado Mayor Central entre agosto y octubre de 2025 en el departamento de Guaviare. Los menores que murieron residían en Guaviare y Amazonas, pero habían nacido en otros departamentos como Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Arauca.
El análisis señala que el reclutamiento y uso de menores disminuyó tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, que llevó a la desmovilización de más del 80 % de sus combatientes. Sin embargo, grupos disidentes, el ELN y el Clan del Golfo ocuparon esos espacios y reactivaron prácticas condenadas internacionalmente. UNICEF atribuye este aumento a factores como la escalada de la violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y la limitada disponibilidad de servicios sociales e infraestructuras críticas, especialmente en zonas rurales.
Desde 2012, el 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha que invita a reflexionar y a exigir el fin del reclutamiento y utilización de niños y adolescentes en conflictos armados.
Crédito de la nota: Agencia Fides.
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