La Conferencia Episcopal de Estados Unidos responde a la decisión de la administración de Trump de cancelar las políticas que protegen a las mujeres embarazadas y en posparto que se hallan bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

El obispo Mark Seitz, de El Paso, Texas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), señaló cuán «profundamente preocupante e inexcusable» es que «medidas destinadas a garantizar la seguridad básica de madres embarazadas y de sus hijos pequeños bajo custodia del gobierno puedan ser rescindidas».

La política anulada establecía estándares mínimos de atención para estas mujeres y niños bajo la custodia del gobierno: debían recibir comida, agua, fórmula infantil, un lugar seguro para dormir, monitoreo regular y ser «ubicados en el entorno menos restrictivo posible».

En su declaración, los obispos reiteraron su mensaje sobre los «daños comprobados que la detención migratoria inflige a las familias, y especialmente a los niños pequeños». Advirtieron sobre los «casos de negligencia y abuso, incluso si no son intencionales», que ponen en peligro la vida de madres y niños.

La declaración enfatizó que «proteger a las madres embarazadas y a sus hijos nunca puede considerarse “obsoleto”». Además, los obispos argumentaron que esta protección «de forma irrefutable se extiende también a los no ciudadanos en detención migratoria», ya que ellos también poseen una dignidad dada por Dios.

Al concluir su declaración, la USCCB instó a la Administración a restablecer normas que aumenten la atención y protección de esta «población vulnerable mientras permanezca bajo custodia del gobierno».