El obispo Mark Seitz, de El Paso, Texas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), señaló cuán «profundamente preocupante e inexcusable» es que «medidas destinadas a garantizar la seguridad básica de madres embarazadas y de sus hijos pequeños bajo custodia del gobierno puedan ser rescindidas».
La política anulada establecía estándares mínimos de atención para estas mujeres y niños bajo la custodia del gobierno: debían recibir comida, agua, fórmula infantil, un lugar seguro para dormir, monitoreo regular y ser «ubicados en el entorno menos restrictivo posible».
En su declaración, los obispos reiteraron su mensaje sobre los «daños comprobados que la detención migratoria inflige a las familias, y especialmente a los niños pequeños». Advirtieron sobre los «casos de negligencia y abuso, incluso si no son intencionales», que ponen en peligro la vida de madres y niños.
La declaración enfatizó que «proteger a las madres embarazadas y a sus hijos nunca puede considerarse “obsoleto”». Además, los obispos argumentaron que esta protección «de forma irrefutable se extiende también a los no ciudadanos en detención migratoria», ya que ellos también poseen una dignidad dada por Dios.
Al concluir su declaración, la USCCB instó a la Administración a restablecer normas que aumenten la atención y protección de esta «población vulnerable mientras permanezca bajo custodia del gobierno».
Crédito de la nota: Vatican News
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